Representantes y habitantes de varias colonias ubicadas en el ejido de Santa Julia, en la ciudad de Pachuca, denunciaron al comisariado ejidal, Felipe Eleazar Valencia Pérez de despojo de terrenos, cobros excesivos de cuotas y extorsión.

Entrevistados en una de las polvosas calles y con la condición de guardar el anonimato por miedo a perder sus terrenos y casas por no contar con la certeza jurídica de su propiedad, vecinos y representantes de las colonias La Loma, Ampliación Valles de Pachuca, Independencia, Valles de Pachuca, Abetos, Ampliación Abetos, Jardines de Colosio Primera, Segunda y Tercera sección denunciaron lo que calificaron como un robo en despoblado.

Y es que dicen, argumentando que la propiedad ejidal no se vende, el representante de los ejidatarios amenaza a quienes defienden sus intereses o no se dejan extorsionar, con despojarlos de sus propiedades, sin importar, incluso, que presenten documentos sellados y firmados por anteriores autoridades.

Uno de los afectados informó que lo pretenden despojar de dos terrenos ubicados en una de estas colonias, con el argumento de que no ha construido todavía. Al entrevistarse con Eleazar Valencia le informó que “él, el comisariado, ya no puede hacer nada porque sus propiedades ya fueron vendidas a otra persona.

Pero que podría hacer un acuerdo con la “nueva propietaria”, dicho acuerdo consistía en ceder un terreno al nuevo comprador y pagar a 50 mil pesos ( ya con descuento, quería 80 mil) al ejido para regularizar su tierra con documentos sellados y firmados por el ejido, como los que ya tiene.

Otro argumento más, por lo que los vecinos de estas colonias se les pretende despojar de sus propiedades o ser extorsionados, es bajo el argumento de no haber pagado sus cuotas al ejido.

A unos días de que Eleazar Valencia deje el cargo, resaltan, ha aumentado el despojo de terrenos: “por las noches gente desconocida se brinca las bardas de los terrenos deshabitados, simulan hacerles mejoras o los cercan si no están construidos y si nadie los reclama se quedan con ellos y si el dueño lo reclama, Eleazar Valencia les informa que sus terrenos tienen nuevos dueños por no haberlos construirlos o habitado, haciendo referencia a una cláusula del contrato.

 A su conveniencia, explican, el señor (comisariado ejidal) se apega a las cláusulas del contrato, pero obstaculiza la legalización de la tierra, porque sabe que una vez que los habitantes de estas colonias tengan sus escrituras, al ejido se le acabara el negocio.

Por eso aprovechan para hacer un llamado a las autoridades para que intervengan en la regularización de la tierra en este ejido, ya que frecuentemente tienen que lidiar con vivales ambiciosos, quienes frecuente mente sorprenden a gente vendiéndoles terrenos que ya cuentan con propietario.

Y al mismo tiempo, llaman a los dueños de terrenos en estas colonias para que acudan a verificar que Eleazar Valencia no los haya vendido.

Las autoridades no ven ni escuchan

En noviembre de 2018, los afectados acudieron al Congreso del estado para manifestar su inconformidad y pedir su intervención para destrabar los problemas a los que se han enfrentado para poder obtener sus escrituras ya que más de 13 mil vecinos de estas colonias no cuentan con la certeza jurídica de sus propiedades.

En esa manifestación, los inconformes denunciaron la supuesta gestión del representante ejidal, Felipe Eleazar Valencia Pérez a favor de la escrituración “parcial” de sus tierras, ante un despacho particular, por cuyos trámites cobraron 25 y 85 mil pesos, pero hasta la fecha no tienen sus documentos que les de certeza jurídica.

Pero como muchas cosas en este país, la propiedad ejidal no es sujeta de venta, sin embargo, desde hace muchos años, cada martes y jueves de cada semana, en la oficina ejidal, se formalizan operaciones de compra-venta de terrenos, a las que para fines jurídicos se les llaman donaciones.

De esta forma, durante por lo menos 20 años, las casi 750 hectáreas que componen este ejido ya han sido urbanizadas, sin que hasta este momento haya entrado algún programa de regularización de la tierra, en prejuicio de miles de personas, que tuvieron que recurrir a este procedimiento ilegal de auto construcción, ante la incapacidad del gobierno del estado, para solucionar el problema de la vivienda en Pachuca, en donde se encuentra ubicado el mencionado ejido.